La garantía DE DEFENSA en juicio: Igualdad de armas
La garantía de defensa, específicamente su manifestación concreta en la igualdad de armas que debe existir en todo proceso penal, se encuentra en la actualidad vulnerada por las prácticas procesales. Nos detendremos particularmente en el análisis del procedimiento que se acostumbra aplicar en muchos de los organismos judiciales de la provincia de Buenos Aires.
Los defensores, concretamente aquellos que ejercen su rol de manera particular y no pertenecen al aparato estatal, ven cotidianamente coartada su tarea de resguardar las garantías constitucionales de aquellas personas que resultan imputadas en un proceso penal.
Si bien el código procesal penal de la provincia de Buenos Aires establece, en su plexo normativo, que las resoluciones deben ser trasmitidas con claridad, precisión y en forma completa. Proporcionando de esta manera los elementos necesarios para asegurar la defensa y el ejercicio de los derechos y facultades de las partes. Las prácticas actuales se encuentran muy alejadas de resguardar esta garantía que solo queda plasmada como una “linda frase” dentro del mencionado código.
El abogado particular notificado mediante cédula, tiene acceso a la parte resolutiva del auto o sentencia, esto implica que en caso de querer recurrir dicha resolución de manera fundada y resguardando la garantía de su asistido, deberá constituirse en el órgano judicial para tener acceso a la misma de forma íntegra. Pero cuando pide acceso a dicha resolución se encuentra con la contestación de que puede tomar apuntes en la sala del tribunal, siempre y cuando en ese momento esté disponible y en caso de tener esa suerte, copiar contra reloj la mayor cantidad de datos posible hasta que le digan que se tiene que retirar porque necesitan la sala. En caso de querer copias de dicha resolución debe hacerlo por escrito, el cual pasa a despacho, luego la causa ingresa al archivo para la obtención de las copias y quizá en diez o quince días tenga acceso a las mismas, tiempo en el cual, el plazo que perentoriamente establece el código para interponer el recurso se encontrara vencido o a pocos días de ello acontezca.
Al fiscal se le lleva la causa a su despacho, para que no solo tenga acceso a la resolución sino que pueda consultar el expediente en forma integral. El plazo de acceso al expediente es, en general, el tiempo que él considera que necesita para, en caso de recurrir, fundar correctamente el recurso.
Esta práctica tan habitual en la actualidad debería generarnos ciertos interrogantes. ¿No son los organismos judiciales, los encargados de lograr que en la práctica lo que establece el plexo normativo no quede solo en buenas intenciones de los constituyentes?; ¿No debemos siempre resguardar al único titular de las garantías constitucionales, que es la persona imputada en el proceso penal, en vez de facilitar la tarea de quien cuanta con todo el aparato estatal su servicio?; ¿La garantía de igualdad de armas, como manifestación de la garantía de defensa en juicio, no está siendo gravemente vulnerada por estos operadores jurídicos?.
